La reforma laboral en materia de plataformas digitales, aprobada en
diciembre de 2024 y vigente desde el 22 de junio de 2025, modificó la Ley Federal
del Trabajo (LFT) para reconocer la relación laboral entre repartidores y
conductores de aplicaciones y las plataformas que intermedian sus servicios.
Esta modificación busca garantizarles derechos laborales y acceso pleno a la
seguridad social, incluyendo IMSS, Infonavit, aguinaldo, vacaciones, prima
vacacional, participación de utilidades y protección en caso de accidente de
trabajo.
Para su implementación, el Instituto Mexicano del Seguro Social puso en
marcha una prueba piloto que se desarrollará de julio a diciembre de 2025, con
el fin de afinar el mecanismo de aseguramiento y resolver los retos operativos
antes de su aplicación definitiva en 2026.
Avances en el aseguramiento ante el IMSS
A un mes de iniciado el piloto, el IMSS reporta el registro de más de 1,046,237
repartidores y conductores, equivalente a aproximadamente el 80% de los empleos
vinculados a plataformas digitales en México.
Las principales características del esquema son:
· Cobertura integral para quienes perciban al menos un salario mínimo mensual, incluyendo prestaciones médicas, pensiones, riesgos de trabajo, guarderías e Infonavit.
· Cobertura parcial para quienes no alcancen el mínimo, limitada a riesgos de trabajo y atención médica por accidentes laborales.
· Registro patronal obligatorio para
plataformas digitales como Uber, DiDi y Rappi, con obligación de reportar y
cubrir cuotas de seguridad social.
Consecuencias inmediatas de la reforma
A pocas semanas de su entrada en vigor, la reforma laboral en materia de
plataformas digitales ha comenzado a mostrar tanto sus beneficios como sus
áreas de fricción. Entre los efectos más visibles destaca un avance
significativo en la formalización laboral de un sector que históricamente había
permanecido al margen de la seguridad social. Por primera vez, cientos de miles
de repartidores y conductores cuentan con acceso garantizado a prestaciones
médicas, pensiones, vivienda y demás beneficios asociados al aseguramiento en
el IMSS. Este reconocimiento legal no solo les otorga protección en caso de
accidente o enfermedad, sino que también abre la puerta a derechos como el
aguinaldo, vacaciones pagadas y la participación en las utilidades, marcando un
cambio sustancial en sus condiciones de trabajo.
Sin embargo, la implementación no ha estado exenta de tensiones. Algunas
plataformas, como Uber, han respondido con aumentos de tarifas de hasta un
siete por ciento, argumentando que los nuevos costos derivados de las
obligaciones laborales hacen necesario ajustar los precios. Esta medida generó
una reacción inmediata del Gobierno federal, que calificó el incremento como
unilateral e injustificado.
A ello se suma una contradicción que ha generado incertidumbre operativa
y fiscal: mientras la Ley Federal del Trabajo reconoce una relación laboral
plena, el Servicio de Administración Tributaria continúa clasificando a los
repartidores y conductores como trabajadores independientes para efectos
fiscales. Esta disparidad provoca inconsistencias en la determinación y el pago
de cuotas al IMSS, así como en la retención del ISR, lo que podría derivar en
ajustes normativos o litigios.
En el plano operativo, las plataformas enfrentan el reto de adaptar sus
sistemas de registro, cálculo y pago de cuotas, así como de cumplir con los
reportes y obligaciones ante el IMSS. Estos ajustes requieren inversiones en
tecnología y cambios en sus procesos internos, lo que incrementa la presión en
un sector caracterizado por la alta rotación y el trabajo flexible.
Perspectivas y evaluación futura
El periodo piloto (julio–diciembre 2025) será clave para determinar:
· La viabilidad financiera del esquema para las plataformas y los
trabajadores.
· El impacto real en ingresos netos después de descuentos de cuotas.
· La compatibilidad entre criterios laborales y fiscales.
· Posibles ajustes normativos o reglamentarios para la implementación
definitiva en 2026.